El cambio que vive Guatemala es algo sin precedentes en la historia reciente del país, quizá podría compararse con la revolución de 1944 cuando por otros medios, se dieron profundas transformaciones en la estructura social guatemalteca.

Privilegios que otrora eran exclusivos para una élite, como el acceso a la justicia y una diferenciación ante la ley; ahora han desaparecido para que algunos intocables padezcan lo que por mucho tiempo vivió el ciudadano de a pie.

En las conversaciones de la burbuja el espanto llega hasta la psicosis, dicen que las hordas comunistas están tomando el poder, cuando no lo lograron en las urnas; que los socialistas internacionales han efectuado un espantoso experimento en Guatemala para acabar con la gente “de bien” y que existe una tenebrosa agenda oculta de la hoz y el martillo camuflada en la sociedad civil.

Los cambios que hemos visto se han efectuado con mucho orden hasta ahora, nuestra Constitución ha funcionado muy bien y la institucionalidad no ha sido vulnerada. Con los abusos que aquí han ocurrido, bien podrían haberse fraguado una veintena de revoluciones. Para bien de la nación, no ha surgido ese líder que lleve al país hacia el desastre.

En los grupos de privilegiados existe mucho nerviosismo, aquellos que han pagado correctamente los impuestos y no estafaron al Estado con la devolución del IVA creo pueden respirar tranquilos. Sin embargo, algunos sectores impulsan una campaña de descrédito contra el MP y la CICIG; cuando creo sería mucho más estratégico e importante, que en la coyuntura existente se discutiese finalmente una agenda nacional.

La SAT que ahora tiene el músculo normal como un ente recaudador de impuestos en el primer mundo, es la acusada de terrorismo estatal; entonces valdría la pena discutir una reforma fiscal que simplifique el pago de impuestos, disminuya el poder discrecional del burócrata y con ello sea factor para atraer inversiones.

Temas como las licencias ambientales por tratados internacionales deberían discutirse con el ministerio de ambiente, para que ello no se convierta en escollo de la actividad empresarial; el tan necesario tren para las salidas a los puertos, la infraestructura aeroportuaria y portuaria, la construcción de carreteras y un largo etcétera; son vitales para contar con una plataforma que permita la generación de empleo. Es preferible que el Estado se endeude en planes así y no por la emisión de bonos para el funcionamiento administrativo.

La concreción de este tipo de proyectos es el paso siguiente para que el cambio se traduzca en beneficios reales para la población. No obstante, lo que algunos buscan es un retorno al statu quo, impedir a toda costa la eliminación de privilegios y la prevalencia de este modelo inviable –si queremos ser un país–.

Recordemos que debió ser la comunidad internacional el factor desequilibrante para que se atacara la impunidad que por años creció hasta llegar a niveles de escándalo, lo irónico es que nosotros mismos como Estado nos declaramos incapaces de hacerlo y pedimos ayuda en Naciones Unidas para resolver el problema; algo solicitado no precisamente por un gobierno comunista.

Por el bien del país, el shock debe pasar rápido para que inicie la discusión de la agenda de nación; negar lo innegable, defender lo indefendible, el nacionalismo oportunista y ver comunistas por todos lados; son artimañas anacrónicas que tienen un efecto boomerang contra los sectores que las impulsan.

Es el momento de programar la máquina en el siglo XXI.