Los últimos diez días han mostrado el diletantismo del presidente y los diputados metidos en el entuerto del lobby en los Estados Unidos, pues se desató una tormenta político-legal que puede alcanzar a más de un sector en el país.

El flamante embajador Marvin Mérida, que encuadra perfectamente en el perfil de aquellos a los que Trump desea fervientemente levantarles un muro en la frontera, al parecer, se prestó a fungir como recadero marginal del servicio diplomático guatemalteco, con el fin de gestionar ante una empresa de lobby establecida en Indiana, servicios para acelerar la salida del embajador Todd Robinson y debilitar la figura del comisionado de la CICIG Iván Velásquez.

Cuando el contrato salió a luz, el equipo del Ejecutivo zafó bulto, destituyó a Mérida y se desentendió de la contratación; empero, está por establecerse de dónde salieron los recursos para pagar el primer fee.

Luego, se filtró que cuatro diputados contrataron a la misma empresa, por el mismo monto, en nombre del gobierno de Guatemala y según palabras del diputado Linares Beltranena, con el mismo objetivo hacia Robinson y la CICIG.

Esas desafortunadas declaraciones ocasionaron gran revuelo y era lógico que le inquirieran sobre la procedencia de los fondos, pues en Estados Unidos contratar un servicio de esa naturaleza es algo usual en el ámbito político; sin embargo, hacerlo a nombre de una nación foránea, es algo mucho más delicado.

La conferencia de prensa que posteriormente los cuatro diputados ofrecieron justificando la contratación para ayudar a guatemaltecos indocumentados, causa hilaridad, sobre todo cuando la firma lobista está vinculada con Mike Pence, vicepresidente del hombre que ha manifestado abiertamente su aversión a los inmigrantes ilegales.

Lo que surgió como una ideíta de algún chispudo, se ha convertido en una reverenda idiotez que definitivamente inquieta a no pocos y puede causar serios costos políticos.

La reticencia de los diputados en revelar los nombres de los financistas y la aseveración que uno de ellos hizo con respecto a desconocer quién había aportado los recursos, generan cualquier cosa, menos confianza; al punto, que el exabrupto del embajador con respecto a los rasgos de idiocia en los legisladores pasó a segundo plano y las redes sociales han sido inclementes con el célebre cuarteto.

Se menciona a un consorcio corporativo poderoso, un empresario portuario suizo con orden de captura, un excandidato presidencial residiendo en Nicaragua, un grupo de huéspedes en el Mariscal Zavala o al Ejecutivo mismo; lo que le debilitaría aún más y colocaría al presidente en las antípodas de la lucha contra la corrupción –sobre todo después de la ideota que tuvo el mandatario y su equipo de quererse babosear a Jorge Ramos en una entrevista de Univisión–.

Lo único que deberá hacerse es seguir el rastro del dinero, pues la firma de Indiana seguramente no recibió una maleta con cash para empezar el trabajito, entonces veremos quiénes fueron los genios que financiaron la aventura.

El lobby al estilo de Reich en los ochenta ya no funciona así, la Guerra Fría terminó y la carta que el país usó en relación a su posición geográfica con los soviéticos, es un anacronismo que aquí tiene una vigencia digna de la mejor novela de H. G. Wells.

Si la corrupción en Guatemala debilita las fronteras y puede amenazar la seguridad de los Estados Unidos, olvídense de la amistad que existió en el pasado con esas estructuras –que ahora reclaman viejas facturas-. Los favores y la amistad en política tienen fecha de caducidad.