La nueva etapa que vive el país, se inició sin lugar a dudas en abril del año pasado, cuando el comisionado Iván Velásquez destapó un caso que fue el hilo que deshizo el sweater de la impunidad para el anterior gobierno. En otras columnas he manifestado que la participación de la comunidad internacional liderada por los gringos, obedece a una cuestión estratégica, donde se necesita acabar con las estructuras de la impunidad para evitar la porosidad de las fronteras, sobre todo si se quiere combatir el trasiego para actividades de terrorismo y narcotráfico hacia Estados Unidos. Pues es más fácil controlar desde la parte estrecha del embudo, que hacerlo en la más ancha; esto es una cuestión de economía y logística. Por ello, el repentino interés en la CICIG y su lucha contra las estructuras que mantenían el esquema de corrupción e impunidad.

Ahora, como país, debemos cuestionarnos hacia dónde vamos y en qué habríamos de empezar. Indudablemente, la cobertura de las funciones fundamentales del Estado –Justicia, Educación, Seguridad y Salud- son insuficientes y esto se da ante una carrera frenética de crecimiento poblacional que paulatinamente agudiza los problemas ingentes que a diario vivimos. El ritmo en el que Guatemala crece, se dice es aproximadamente de 300,000 habitantes por año, es menester preguntarse de qué manera esto nuevos guatemaltecos y guatemaltecas se integrarán a la economía del país.

Si nuestro país tiene una presión impositiva de las más bajas y un crecimiento de los más fecundos, entonces podríamos entender por qué estamos como estamos. Sin embargo, los gobiernos ni siquiera han tenido la intención de realizar un censo para saber dónde realmente estamos parados, los datos estadísticos de Guatemala sólo coinciden en la conclusión que estamos hundidos, pero carecemos de cifras reales que permitan delinear una estrategia de Estado para frenar la debacle.

Nuestro crecimiento económico que se sitúa aproximadamente en el 3% anual, se debe más a la demanda por presión poblacional que a la proliferación de empresas y puestos de trabajo. El Instituto Nacional de Estadística ilustra esto último, dado que la pobreza extrema aumentó en un 6% durante el 2014-2015; la medición fue efectuada en 700,000 hogares y se determinó que la inversión del presupuesto familiar para la alimentación en cada unidad, había aumentado en relación al resto de bienes –que se podrían caracterizar como menos prioritarios-.

Lastimosamente, las políticas de planificación familiar en la famosa “Guatemala profunda”, no son correctas para el establishment y todavía tenemos a teóricos que alegremente difunden la natalidad como solución para Guatemala –tomando como ejemplo a la población del primer mundo que ha decido limitar su crecimiento demográfico-.

El aumento de la gente puede ser un aliciente en una economía sólida con crecimiento “0”, sobre todo en el tema de pensiones; pero en un país donde no existen fuentes de trabajo, donde la competencia se subordina a los privilegios para unos y los pocos impuestos que se pagan son malversados, robados o mal utilizados; es un disparador de la violencia, pobreza y por ende subdesarrollo.

Urge apoyar al Instituto Nacional de Estadística para un censo, es imperativo e imprescindible; de lo contrario poco o nada se podrá hacer para la implementación de políticas de Estado.