El cotarro se alborotó desde abril de 2015, los jueves de CICIG se volvieron un terrible laxante a causa de la zozobra que causan en los ámbitos de poder; alguien contaba que los hoteles de El Salvador estaban en una época áurea, porque muchos encopetados de Guate puntualmente salen desde el miércoles y alargan su “weekend” por aquello de terminar con número premiado en la lotería de capturas que la CICIG y el MP celebran con preocupante periodicidad.

Al principio, las capturas fueron saludadas con histriónica efusión y la caída de la casi totalidad del gabinete anterior no perturbó a nuestra anacrónica sociedad, la inquietud empezó hasta que se tocó intereses del establishment. Lo que fue en el ambiente una ligera preocupación, ahora es una verdadera paranoia. Hoy, se escucha que han paralizado la actividad productiva y que ya estuvo suave todo esto, se debe producir y no castigar a aquellos que hacen el favor de generar empleo.

Sin embargo, el argumento sería únicamente válido, para los que no utilizan las ventajas que este sistema político-económico permite; es decir, los que legítimamente son competitivos y no se valieron de compadrazgos, financiamientos para leyes a medida, influencia política para favorecer a sectores y sobre todo, no fueron o son subsidiados por el Estado.

Conozco a varios empresarios y profesionales que son orgullo para el país, se codean palmo a palmo con compañías internacionales, cumplen con las leyes locales y no han necesitado de influencia política para triunfar sobre su competencia.

Lastimosamente, no son los más, en nuestro país ha prevalecido un sistema basado en privilegios para unos a daño del resto. Muchas veces, gente que quiso progresar con ideas innovadoras, se topó con toda suerte de obstáculos de los dominadores en determinado sector. La famosa “catalaxia” que se pregona como virtud para el funcionamiento del comercio, aquí se atisba en casos contados.

El “Crony capitalism” o capitalismo prebendario, se denomina al sistema donde el éxito en los negocios depende de la estrecha relación entre funcionarios gubernamentales y empresarios; este se puede observar en la evasión fiscal como forma de competencia desleal hacia aquellos que no acceden a esa fuente de ingresos, los que buscan devoluciones con impuestos fabricados, organizaciones privadas que son subsidiadas con el presupuesto nacional, grupos empresariales que son exentos de impuestos, asociaciones privadas que cobran impuestos y a la vez subsidian con fondos públicos defensas de sectores particulares, financistas de campañas que cobran con onerosos intereses su inversión en los funcionarios electos, leyes a medida y las coimas pactadas para obtener contratos.

Un sistema así no es competitivo y se convierte en una lastre para el desarrollo, no se justifica la existencia de empleos en una industria grande a costa de todo el país; causa la misma indignación que los empleados del Congreso, quienes se manejan como un cártel parasitario para el país.

Las leyes deben ser iguales para todos, esa es la esencia de cualquier estado de derecho moderno, si un pequeño comerciante paga puntualmente su ISR, el mismo criterio debe prevalecer para un gran empresario -por mucho empleo que genere-. Si se defiende el atomismo social, debe aceptarse con todas sus implicaciones. La desaparición de la corrupción tiene sus costos y quizá haya alguna restricción económica en el corto plazo, pero vale la pena si con ello se corrige uno de los factores que han sido causales de la situación existente.