El sector privado organizado en Fundesa y Cacif, finalmente dio el paso para proponer la discusión de una reforma fiscal que era una tarea pospuesta desde hace unos 8 años. La declaración de los personeros de llegó tras varias sugerencias que se hicieron en el sentido que se buscara un cambio en la percepción de la gente, con respecto a las posiciones tradicionales de la dirigencia empresarial.

No obstante, tras el anuncio de buscar un diálogo para discutir los términos de la reforma, el presidente salió cantando con baladrones tonos que estaba por salir del horno la propuesta de reforma fiscal del Ejecutivo.

La iniciativa del grupo donde estaba uno de los “caballeros a carta cabal” como alguien le llamó, fue neutralizada por el anuncio gubernamental que tomó a todos por sorpresa, quizá se demoraron mucho en tomar la decisión empujados por las últimas actuaciones de la SAT o tal vez, la propuesta del ejecutivo fue una encomienda venida desde lejos. El asunto es que una reforma viene para pesar de todos.

Por su parte, los acólitos de los grupos más recalcitrantes, protestan arrancándose las vestiduras contra el adviento de la nueva reforma fiscal; pese a que la carga en el país es la más baja del hemisferio y nuestros números en subdesarrollo humano tienen sendas medallas de oro a nivel hemisférico. Para nadie es ganga pagar impuestos y precisamente por ello la etimología de la palabra; no obstante, la viabilidad de Guatemala como sociedad puede suceder a partir de cierto listón que aún no alcanzamos.

La calidad del gasto por supuesto debe ser una condición indispensable para la performance de un buen gobierno; empero, condicionar la reforma a que esto suceda, es algo que vengo leyendo desde los tiempos de Lucas y que siempre será subterfugio para no pagar. Al final de cuentas, con la anterior ley electoral siempre fueron los financistas quienes apoyaron a aquellos que jamás mostraron un desempeño aceptable en ese rubro y que tocaron fondo durante el gobierno pasado.

En otro orden de ideas, es fundamental la eliminación de privilegios, pues las exenciones a iglesias, fundaciones, colegios y sectores industriales erosionan la moral tributaria. Si alguien paga su impuesto sobre la renta, se siente robado o de segunda clase ante aquel que goza de la exención. La igualdad de todos ante la ley es pilar fundamental para la existencia de un Estado de Derecho.

Es obvio que las reformas a leyes como la de partidos políticos y una mayor cantidad de recursos al sistema de justicia, educación y salud son cuestiones prioritarias en un país como el nuestro. La competitividad en igualdad de condiciones es algo primordial para que funcione una economía basada en el sistema de precios; de lo contrario, aquellos que compiten con mejores herramientas (nutrición, salud, educación, etc.) estarían aprovechándose de estas externalidades que les permiten ganar la partida en el sistema de libre competencia. De la misma manera, podemos hablar de aquellos que ponen trabas a sus competidores para conservar una posición ventajosa en el mercado, como ha ocurrido con la devolución del IVA e impuestos a la exportación en algunos productos agrícolas.

Al parecer el tema va y el apretón de cinturón es algo indefectible, esperemos que ello se refleje en un proyecto que permita a las grandes mayorías lograr esas herramientas para desarrollarse.