El fracaso de la aprobación a las reformas del sector justicia, desnuda otra vez lo complejo de la sociedad guatemalteca. Los juristas que han pegado el grito en el cielo ante el futuro linchamiento a ladinos que significaría legalizar la justicia indígena, en el pasado poco o nada se preocuparon por la situación de estos en el país. Ahora que la comunidad internacional apoyó decididamente una iniciativa al respecto, se invoca un estado de derecho que ha estado ausente especialmente allí, en las poblaciones originarias.

El contenido de las reformas sin duda es discutible y no voy a entrar en ese debate, pues prefiero referirme a la causa que nos llevó a esta situación. Los tribunales indígenas surgieron ante el abandono que el Estado tuvo hacia las etnias, al punto que estas debieron gestionar su propio sistema de justicia por la ausencia de un organismo judicial que las considerara merecedoras de derechos ciudadanos. El Estado estuvo ajeno durante siglos y los cantones debieron arreglárselas para dirimir sus problemas cotidianos. Si existe una cosmovisión distinta, es atribuible precisamente a esa exclusión que marcó un derrotero distinto en el destino de esas poblaciones.

¿Por qué se robusteció la justicia indígena? Porque ese conglomerado tuvo una existencia paralela, siempre hubo una realidad binaria donde los usos y costumbres de las grupos vernáculos eran conocidos a través de las domésticas que laboraron en las casas de los capitalinos. No por casualidad el termino “cholero” que utilizamos para referirnos a alguien prosaico y ordinario, es debido a que muchas empleadas eran del municipio “El Chol” en Baja Verapaz. El desprecio llegó incluso a deslegitimar la herencia maya de los indígenas actuales, la izquierda más recalcitrante nunca buscó la reivindicación de personajes fascinantes como Juan Matalbatz o Manuel Tott; en vez de ello, ha sido predilección glorificar a líderes que no representen la otredad racial.

Hasta hace poco, el Inguat utilizaba patojas ladinas que vestían traje típico para las ferias de internacionales y Tecún Umán fue preterido con la desaparición de los billetes de cincuenta centavos; a esos alcances arribó el desdén.

Nuestro sistema legal por sí mismo, jamás la emprendió contra los que se enseñoreaban con total impunidad, hasta que llegó la presión de fuera. Pese a que todo crimen es execrable, durante el conflicto armado se menciona a los prominentes que perdieron la vida, pero a miles de indígenas que perecieron en el área rural se les considera solo una estadística. Esto es una asignatura que nunca estuvimos dispuestos a tomar como sociedad y hoy nos pasa factura.

Se habla que se acusa sin pruebas y hay gente que guarda cárcel sin ir a juicio; cabe preguntarse: ¿Acaso esto no ocurría anteriormente? ¿Cuánta gente soportó injusticias por estar los tribunales cooptados de poderes tradicionales? Lo que hoy sucede, es que los otrora intocables, empiezan a padecer algo que el poblador de a pie siempre sufrió y por no tener poder fue obviado. ¿Cuantos indígenas lograron justicia en los tribunales formales ante un perjuicio recibido?

Alguien mencionaba que algunos desconfiados de la justicia indígena, fueron los mismos que apoyaron armar a esa población en las patrullas de autodefensa civil; en ese momento políticamente conveniente, se invocó su sabiduría milenaria para hacer buen uso de las armas… Contradictoria, refractaria e incoherente es nuestra visión. Siempre reaccionamos mal, tarde y muchas veces nunca.