La crisis política existente divide al país entre aquellos que invocan a toda costa el respeto institucional y los que buscan la defenestración del presidente y los diputados -que terminaron de carcomer la imagen del Congreso con los decretos aprobados el 13 de septiembre-.

En teoría política el concepto que afirma “las personas pasan, pero las instituciones permanecen” es un axioma que tiene validez; no obstante, es insoslayable el hecho que los seres humanos las componen y que sin estos, dichos cuerpos políticos no existirían. Por ello, al final, son hombres y mujeres quienes determinan la marcha institucional y sobre todo, los que convalidan su legitimidad.

Instituciones centenarias han sido transformadas o suprimidas ante el deterioro ocasionado por aquellos que las han deslegitimado con decisiones que llegaron al punto de desnaturalizarlas y convertirlas en factores dañinos para el progreso social.

La clase política de Guatemala está en uno de sus peores momentos, tanto el presidente como los 107 diputados del infame decreto, han evidenciado un divorcio insalvable con la opinión pública del país.

El daño que se ha ocasionado a través de los años a instituciones como la presidencia, el Congreso y las cortes; es algo que ha erosionado grandemente esa institucionalidad. El presidente y los partidos políticos olvidaron que la caída del gobierno pasado fue por el destape de casos de corrupción denunciados por el MP y la CICIG. La promesa de campaña giró alrededor de llamarse “no corrupto” y la lucha contra tal flagelo parece haber sido desterrada por dichos organismos.

El hecho que ningún diputado haya renunciado y el presidente continúe como un zombie político después de todo el maremágnum que significó el antejuicio por financiamiento ilícito, la declaración de “non grato”, los cheques del ejército y hasta el asunto del parque de la Industria; han acrecentado el rompimiento con la masa crítica que determina la orientación de esa opinión pública.

La historia nos ilustra: cuando el Senado romano, una institución que era baluarte de la república, cayó en una cadena de abusos que tuvo como corolario la aniquilación política de Julio César -impidiéndole a cualquier precio participar en los comicios centuriados- se signó su deslegitimación.

El general romano como uno de los grande estrategas de la historia, ponderó perfectamente la situación y utilizó esa falta de legitimidad que el Senado tenía ante la gente; cruzó el Rubicón y pese a continuar con el mismo nombre, el Senado jamás volvió a ser la institución que fue. Se convirtió en un fantasma de sí mismo y fue sustituido por el principado, un sistema totalmente distinto que originó el imperio.

Las instituciones se conservan legítimas si muestran coherencia entre sus funciones y resultados, aquí la Corte de Constitucionalidad se ha convertido en el árbitro político nacional ante la desertificación institucional de los poderes del Estado; causada por una clase política que ha irrespetado continuamente el pacto que tácitamente hizo con cada votante, al ofrecer determinadas conductas a través de consignas y promesas de campaña. La proliferación de antejuicios y protagonismo de la CC los últimos años, es señal inequívoca de esa precariedad institucional; que quizá solo sea comparable, con el estado de la actual red vial en Guatemala.