La idea de conformar el Frente Ciudadano Contra la Corrupción era una cuestión de tiempo, que alguien se tomara la molestia de convocar a dirigentes, periodistas, empresarios y formadores de opinión para manifestar un apoyo contundente a la lucha contra la corrupción fue algo decantado. Por supuesto, he escuchado que faltó fulano o fulana; también ¿Qué está haciendo allí mengana o perencejo? Sin embargo, la iniciativa fue válida y ya era hora de contrarrestar toda la campaña que se ha orquestado contra la CICIG y el MP. Es un desperdicio político que el presidente se haya declarado faccioso por tener varios conflictos de interés respecto al trabajo que se efectúa por transparentar el sistema y sea quién ha buscado desbaratar ese esfuerzo incesantemente.

En ese sentido, creo importante resaltar que se lograron dos objetivos en la conformación del FCCC: El primero fue desideologizar esta lucha y para ello funcionó la presencia de personas de distintas posiciones políticas. El caso “Transurbano” fue un elemento que terminó de convencer a aquellos escépticos que se habían tragado el chupete de la conspiración izquierdista para venezualizar Guate. Un acontecimiento oportuno para la conformación de esta iniciativa.

El segundo, fue lograr que el sector privado organizado se sumara a este movimiento, sobre todo, después del evento de Fundesa donde se le dio un salvoconducto al presidente cuando más lo apremiaban sus problemas legales. De hecho, la ofensiva presidencial contra la CICIG empezó cuando Morales contó con el espaldarazo de la dirigencia empresarial, cuyo error fue finalmente corregido la semana pasada.

El aislamiento del mandatario es palpable y ya perdió el capital político del año pasado. Su círculo más íntimo fue evidenciado y la soledad en sus posiciones es sólo secundada por funcionarios de cuarta categoría como la canciller o el vocero presidencial.

Ayer, Chepe Zamora denunció la idea descabellada de impedir la entrada de Iván Velásquez en su retorno a Guatemala, algo que sería el suicidio político del presidente y el inicio de una crisis que podría culminar en su defenestración del cargo. Por el bien del país, espero sea sólo un rumor y no nos veamos envueltos en otra madrugada con anuncios disparatados.

Al equipo del presidente le funcionó el tema de la mediatización de los casos con la embajadora Nikki Haley, quién recomendó un trabajo más alejado de los medios por parte del MP y CICIG; no obstante, ventilar los casos ante la opinión pública es el mejor seguro para conservar las garantías procesales; gracias a ello, hemos escuchado las propias versiones del expresidente Pérez, Colóm, Baldetti y resto de imputados; esto es muy importante en un país donde el secretismo ha sido moneda corriente en las cortes, llegándose a extremos como los vergonzosos tribunales de fuero especial.

Si los juicios no fueran públicos, entonces los imputados estarían quejándose por la no difusión de sus casos y se denunciaría poca transparencia en los procesos. Aún cuando se arruinen reputaciones, quizá sea un mal menor al ocultamiento de la información y por ende la manipulación de los juicios.

Por su parte, es importante que este frente concentre las fuerzas en la elección de un o una fiscal que dé continuidad al trabajo efectuado por Thelma Aldana; esa será la madre de todas las batallas y la presión para el presidente deberá ser una tarea fundamental para que nombre a alguien no allegado. Los círculos afectados buscarán a toda costa colocar un alfil en el Ministerio Público.