La experiencia más cercana que tengo con la Corte de Constitucionalidad fue cuando en Fedecocagua apoyamos sendas inconstitucionalidades contra la ley del café invocando el derecho de libre asociación –garantizado por la Carta de Derechos Humanos de la ONU–. Dicha ley obliga la pertenencia a la asociación que regula todas las actividades comerciales del aromático. Pese a la contundencia de nuestros argumentos, el máximo tribunal rechazó nuestra ponencia y respaldó la anacrónica norma. Nos hubiera gustado no acatar el fallo pues estamos convencidos que nos asistía la razón, incluso se habló de influencias externas para direccionarlo; sin embargo, debimos aceptar la sentencia.

En otro caso, hubo una iniciativa que equiparaba los fallos de las autoridades indígenas con los tribunales de orden común. Tras un encendido debate, finalmente la misma Corte falló en contra y conglomerados como los 48 cantones obedecieron la resolución sin chistar.

Ahora, la Corte ha fallado en contra del Ejecutivo y ha ordenado a las autoridades relacionadas permitir la entrada del comisionado Iván Velásquez. El gobierno ha manifestado públicamente que no acataría la resolución y parte de la dirigencia del sector privado en una miope posición manifestó que “tendrán sus razones para no acatar el fallo”. Postura totalmente opuesta al más elemental sentido del Estado de derecho y contrastante con la actitud de los indígenas –siempre encuentras lecciones de gente inesperada–.

Es una perogrullada decir que en todos los países hay leyes justas e injustas, pero es menester recordarlo, pues el acatamiento selectivo de sentencias no funciona en una sociedad civilizada. Quizá no nos gusten algunos veredictos o reglamentos, para ello existen mecanismos que hacen perfectibles los sistemas legales; no obstante, desacatar lo ordenado por un tribunal equivale a violentar el orden jurídico. Nos parezca o no, así son las reglas del juego y a ellas debemos atenernos para que exista el más básico concepto de civilidad.

Es válido utilizar las herramientas legales disponibles y para eso están. Inaceptable es decir “ya no juego” y amenazar con imponer por la fuerza, esto subvertiría el orden constitucional y se caería en las prácticas que se endilgan a CODECA y otros grupos de presión.

El Ejército dio el primer paso al aceptar la resolución de la Corte de Constitucionalidad ante la irresponsabilidad de los civiles en el gobierno. Una señal positiva para el sistema y laxativa para el Ejecutivo.

En el mismo tenor, a los que rehúyen de la ONU y la Unión Europea, debo recordarles que gracias a dichos modelos, occidente ha sido más libre los últimos 60 años que en toda su historia anterior; es claro que adolecen de muchos problemas, pero ese sistema ha sido el más efectivo para minimizar los conflictos entre los países, sobre todo en la protección de los más pequeños. Rechazar a las Naciones Unidas es dispararse en el propio pie para una nación como la nuestra. El lastimero discurso del presidente en la Asamblea, cubriendo de soberanía un claro conflicto de interés, fue una biopsia de nuestro tercermundismo ensimismado, donde se cree que el ombligo del mundo es Guatemala y el resto la perdición de Marduk con su combo satánico. Nosotros, en ínfulas de franquismo tropical, queremos hacer creer que somos la reserva moral del planeta: 46 por ciento de desnutrición infantil, el 60 por ciento de la población analfabeta funcional, corrupción hasta la médula y nuestra ciudad del futuro entre las diez más violentas del orbe. “Ignorantiae autem fatuorum effundentur” –La ignorancia es osada–.