Durante la gestión de Carlos Castresana formé parte de quienes se opusieron a la forma venal en que conducía la CICIG, pues era claro que los ciacs no actuaban en perjuicio de los abnegados personajes que resultaron posteriormente involucrados en estructuras como “La Línea” o “Cooptación”.

En Fedecocagua sufrimos allanamientos, declaramos y finalmente salimos airosos de las acusaciones que nos profirieron los adversarios que ante la competencia comercial quisieron instrumentalizar la comisión para sacarnos del ring. La ONU nos otorgó un certificado que acreditaba nuestra inocencia de ese linchamiento. ¿Ante ello retiramos el apoyo a la CICIG? No, porque el sistema legal estaba tan cooptado, que por décadas las estructuras impunes se valían de la corrupción para financiarse. Era imposible tocar a ciertos personajes que fueron bajados del Olimpo y se convirtieron en simples mortales que ahora sufren las terribles falencias del sistema que antes solo picaba al descalzo.

Posteriormente, cuando decidimos luchar contra un modelo anacrónico como la Anacafé que nos ahorca con un impuesto a las exportaciones del uno por ciento lo hicimos en los tribunales y apoyamos tres inconstitucionalidades contra la ley del café. Solo pedíamos que el aporte a esta entidad fuera voluntario y no por ley ser obligados a su pertenencia. Perdimos, pese a nuestros sólidos argumentos invocando la libre empresa y al escandaloso conflicto de interés que tenía una magistrada que fungía como mandataria de ese ente estatal –manejado por privados–. Debimos acatar la resolución del máximo tribunal, lo aceptamos conscientes de ser asistidos por la razón y tener la autoridad moral de estar subsidiando a nuestros propios competidores. ¿Nos pasó por la mente desobedecer el fallo? Pues no, porque somos empresarios acostumbrados a respetar las reglas del juego y esto es fundamental en las relaciones comerciales a nivel mundial. Si logras el favor de los consumidores con las mismas reglas para todos, eso se llama competitividad; el Estado de Derecho consiste en ello y el respeto a las disposiciones de las cortes es su pilar fundamental. Es lógico que no todos estén de acuerdo con los veredictos y por supuesto el sistema debe ser susceptible de mejora cada vez que sea posible.

Recuerdo que a las audiencias fueron dirigentes del sector privado organizado, era muy curioso verlos apoyar una entidad estatal que cobra un antieconómico tributo en contraposición a pequeños empresarios que invocaban la libertad económica. Debimos tragarnos el sapo. Ahora, ese mismo tribunal ampara a ciudadanos que utilizan el sistema para hacer valer el respeto a tratados internacionales que prevalecen sobre el derecho interno. El presidente apoyaba entusiastamente a la CICIG hasta que procesaron a su familia, incluso renovó el mandato de la comisión cuando ya existían los casos que presentó en su talk show a la tortrix.

Al desconocer las reglas del juego, la elite económica le respalda; aunque ello implique la destrucción de la poca certeza legal que había y sea un desafío a la organización que –con sus desaciertos– ha generado el sistema de mayor libertad y progreso para los seres humanos en toda la historia. Por proteger a algunos de los suyos, convalidan el tiro de gracia al precario ordenamiento jurídico existente. Visión miope y mercantilista. La dirigencia del sector privado organizado acaba de sancionar un golpe mortal a la certeza jurídica, columna vertebral para el funcionamiento de la libre empresa. Parece que el estado de derecho solo funciona cuando les conviene.