El mayor daño que este gobierno ha hecho al país es el debilitamiento de la precaria institucionalidad que se ha construido. Debido a la podredumbre del sistema legal, la Corte de Constitucionalidad se fue convirtiendo en árbitro súper partes en la mayoría de casos con alto impacto. Las distintas legislaturas en su miopía contribuyeron decididamente a generar esa todopoderosa figura del tribunal constitucional.

Tras el destape de la cloaca en que se convirtió el sistema, parecía que nos encaminábamos hacia la emersión paulatina del subdesarrollo en que nos tiene sumido el establishment y cuyas estadísticas son a prueba de cualquier justificación ideológica; de hecho, en Guatemala nunca ha gobernado la izquierda, lo que podrá ser de mucho orgullo para algunos, pero revelador de un vergonzoso dato sobre los causantes de nuestra situación; no precisamente una derecha libertaria sino un estamento más cercano al medioevo, donde se impone el status adscrito gracias a un esquema de Chrony capitalism o capitalismo de compinches, que perpetúa un modelo que tiene a más de dos millones de guatemaltecos inmigrados en Estados Unidos -y contando- .

La reacción de las elites ante el inédito espectáculo que significó ver a algunos de sus adalides sufrir las mismas vicisitudes que los ciudadanos de a pié viven desde hace décadas en el aparato legal, provocó que se atacara con todos los recursos el esfuerzo contra la corrupción.

El presidente traicionando sus postulados de campaña cambió de bando cuando fue descubierto en practicas que a partir del 2015 eran prohibidas y sus cercanos en actos de ratería. Desafiar los fallos de una tibia CC que nunca se atrevió a ordenar la validación de sus sentencias, nos tiene en la senda del retroceso. Enfrentar a la comunidad internacional refugiado bajo el ala de las fuerzas responsables de la situación del país, es la mayor traición que pagará con usura en el futuro.

Ahora, como ocurre desde 1993 tras el autogolpe de Jorge Serrano, es el alto tribunal que decide quienes van a la presidencia; sus decisiones a lo largo de la historia han sido en varios casos coyunturales y alejadas de la Constitución. En Fedecocagua lo padecimos cuando invocamos la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el sentido de que nadie está obligado a pertenecer a una asociación o grupo –en nuestro caso la Anacafé-. Alejados de un mínimo sentido de justicia nos dijeron “no, ustedes se quedan”. En ese tiempo la corte era presidida por el señor Molina Barreto,  a quien hoy le tocó bailar con la más fea. Nosotros sin aspaviento acatamos, pudo ser injusto, pero es lo que hay. En cuanto a su compañera de fórmula, es claro que los constituyentes dedicaron a una persona y sus familiares parte del artículo 186, a todas luces contrario al concepto elemental de abstracción y generalidad en una ley; no obstante, como diría Derrida: “nada afuera del texto”.

Se prevé que buscando las formas, la CC impida la candidatura de Thelma Aldana y de allí el antecedente de Edwin Escobar; obteniendo con ello una conveniente carambola política. Solo una intervención “deus ex machina”de un poder superior cambiaría este escenario.

Obedecer los fallos del intérprete de las reglas es lo que queda, si las reglas no están bien, entonces cambiémoslas. Lo que no podemos hacer es desconocerlas, ese es la peor señal para la certeza jurídica y el legado de esta administración.