Desde que inició la etapa democrática, este país recurrentemente ha visto amenazado el derecho a la libertad de expresión en distintas formas; del sofisticado boicot comercial, hasta presiones directas de gobiernos y sectores afectados por determinado medio o periodistas. Quizá esta garantía occidental es de las que más escozor generan en poderosos y privilegiados; muchos defensores del statu quo tienen la piel hipersensible a la crítica e investigaciones de actos poco transparentes que pudiesen removerles de su zona de confort.

Recuerdo a la revista Crónica que sufrió el embate del gobierno de turno a través de la amenaza que las autoridades profirieron contra sus anunciantes, la censura que padeció el periódico Siglo XXI –ahora un triste eco que otorga servicios de netcenterismo– durante la crisis constitucional del 93 y las acometidas que El Periódico y su director han resistido por publicar investigaciones que revelan la corrupción que nos tiene en el sótano del subdesarrollo.

Lo anterior, sin mencionar las decenas de casos de periodistas asesinados tanto en la ciudad como interior del país por ser incómodos al poder en su momento. Alguien dijo que a la prensa se le pega o se le paga, un refrán muy criollo que denota la mentalidad medieval manejada por algunos círculos de nuestras élites.

Las dictaduras empiezan con la restricción del derecho a la libertad de expresión, no nos equivoquemos, tanto de derecha como izquierda; para muestra los botones de Putin y Ortega en Nicaragua, quienes empezaron en apariencia muy bien y fueron saludados por sus sectores empresariales quienes desoyeron la voz de alarma que daban algunos opositores. En su coprofagia mental, pensaron que las medidas autoritarias nunca les llegarían, que se trataba de marginales revoltosos merecedores de un escarmiento y que a los gobernantes debía dejárseles robar un poquito en aras del progreso nacional.

Veamos adonde están todos esos coprófagos mentales que justificando abusos con un cínico velo practico, pasaron por alto la conculcación de derechos ciudadanos -empezando por la libertad de prensa-. Habría qué escuchar la opinión ahora de las cámaras empresariales que hicieron oídos sordos ante los abusos del régimen orteguista y hoy ven cancelada su personería jurídica en una dictadura que hasta al Papa mandó al carajo.

Debemos entender que coartar la facultad de un ciudadano para auditar a los poderosos es un acto donde perdemos todos, incluso los poderosos mismos; porque hoy estamos arriba y mañana quién sabe. La prensa con sus defectos -que son muchos- es un contrapeso que garantiza el pudor de aquellos que, de otra manera, perderían las formas para cometer los abusos; no defenderla es hipotecar el futuro de cualquier país y garantizaría su deterioro inminente.

Siempre, inicialmente, las dictaduras son vistas con simpatía, desde Jenofonte cuando afirmaba que en un principio el oprobioso gobierno de los 30 tiranos era percibido como bueno por la población, pasando por las proscripciones silanas, el consulado napoleónico o el fascismo italiano; no obstante, al final, todo termina en el totalitarismo que atropella todo cuanto se le interpone a su paso.